- La apelación cuestiona testimonios clave y el manejo de pruebas por parte de la fiscalía
- Los abogados piden anular el juicio o que se ordene un nuevo proceso
- El exfuncionario fue sentenciado a más de 38 años de prisión y a una multa de 2 mdd
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, presentó una apelación formal contra la sentencia que lo condenó a más de 38 años de prisión en Estados Unidos, al sostener que el juicio estuvo marcado por irregularidades graves que afectaron el debido proceso.
El recurso fue presentado el 18 de diciembre por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, dentro del plazo fijado por la Corte de Apelaciones, y está sustentado en un escrito de 78 páginas.
Señalamientos de irregularidades en el juicio
En la apelación, la defensa afirma que el proceso quedó “irremediablemente contaminado” por el uso de declaraciones falsas de testigos cooperantes y por la supuesta omisión de evidencia que habría favorecido al acusado.
Los abogados sostienen que al menos dos testigos incurrieron en perjurio durante el juicio y que el tribunal rechazó indebidamente la celebración de una audiencia para revisar pruebas obtenidas después del veredicto.
Restricciones al contrainterrogatorio
Otro de los argumentos centrales señala que el juez Brian Cogan limitó el contrainterrogatorio de testigos clave, lo que impidió a la defensa cuestionar su credibilidad, antecedentes y posibles motivaciones, pese a que sus testimonios fueron determinantes para la acusación.
Asimismo, se cuestiona que se permitiera la presentación de pruebas con bajo valor probatorio, lo que derivó en un “mini juicio” sobre bienes y propiedades que, según la defensa, influyó de manera indebida en el jurado.
Acceso negado a información relevante
La defensa también denuncia que se negó a García Luna y a sus abogados el acceso a información clasificada que podría haber sido relevante para su defensa. Argumentan que ese material habría mostrado la relación institucional del exfuncionario con agencias de seguridad de Estados Unidos durante varios años.
Sostienen que la exclusión de esa información vulneró el derecho del acusado a presentar una defensa completa.
Cuestionamiento a la sentencia impuesta
Además del desarrollo del juicio, la apelación impugna la condena de 38 años y ocho meses de prisión y la multa de 2 millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas y basadas en información incorrecta.
Los abogados argumentan que la pena impuesta es mayor a la aplicada en otros casos comparables y carece de una justificación razonable.
Plazos para la resolución
El proceso de apelación continuará con la revisión de los argumentos por parte de la fiscalía y, posteriormente, con la evaluación del tribunal de apelaciones. Este procedimiento puede tardar entre seis meses y dos años en resolverse.
García Luna fue sentenciado en octubre de 2024 tras ser declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico, convirtiéndose en el funcionario mexicano de más alto nivel condenado en Estados Unidos.